La banca panameña llega a 2026 con una fortaleza que, en apariencia, debería facilitar el crédito y empujar la actividad real. Liquidez elevada, solvencia holgada y rentabilidad estable describen un sistema financiero que, por sus propios indicadores, luce más robusto que el de buena parte de América Latina. Sin embargo, el diagnóstico que vuelve a aparecer en el informe mensual de APEDE es menos cómodo: la abundancia de recursos no se traduce con la misma velocidad en financiamiento para empresas, proyectos y empleos.
Ese desacople no es nuevo, pero sí se ha vuelto más visible en un momento en que Panamá necesita reactivar sectores que arrastran menor dinamismo. Construcción, industria, agricultura e innovación dependen del crédito para sostener inventarios, ampliar capacidad, incorporar tecnología o absorber ciclos más largos de retorno. Cuando la banca acumula depósitos e inversiones, pero el financiamiento al sector privado apenas avanza, el problema deja de ser contable y pasa a ser de transmisión económica: el ahorro existe, pero no circula con suficiente intensidad hacia la economía productiva.
La lectura de APEDE ayuda a ubicar el origen de esta parálisis relativa. Durante el primer semestre, la cartera interna avanzó solo 1.26% interanual y el crédito al sector privado 0.58%, cifras demasiado modestas frente al tamaño del sistema. El dato de junio, con un salto de 44.07% en nuevas colocaciones y el mejor registro mensual comparable, introduce una señal positiva, pero aún insuficiente para hablar de un cambio de ciclo. En banca, una mejora aislada puede responder a operaciones puntuales, refinanciamientos o desembolsos concentrados; lo decisivo es saber si esa aceleración se reparte entre más clientes, más sectores y más plazas.
La cautela bancaria no surge en el vacío. En economías donde la formalidad laboral es limitada y la información crediticia es incompleta, prestar sigue siendo más costoso que en mercados con historiales robustos y trazabilidad digital. A eso se suma que los sectores tradicionales de Panamá no atraviesan todos el mismo momento: la construcción depende del pulso inmobiliario y de obra pública, la agricultura arrastra vulnerabilidades logísticas y climáticas, y muchas pequeñas empresas operan con balances estrechos y poco margen para demostrar capacidad de pago. Cuando el riesgo percibido es alto y la información es fragmentaria, la banca tiende a concentrarse en clientes grandes, operaciones más líquidas o segmentos de menor incertidumbre.
Esa lógica, aunque racional desde la prudencia financiera, tiene costos macroeconómicos. Si el crédito no llega con suficiente alcance a micro y pequeñas empresas, se frena la parte del tejido empresarial que más empleo genera y menos acceso tiene a capital propio. El resultado no solo es menor inversión; también se prolonga la informalidad, porque muchos negocios permanecen fuera del sistema formal al no encontrar productos adecuados. La economía termina con bancos sanos y empresas con restricciones de caja, una combinación que limita la expansión del consumo, la productividad y la recaudación futura.
La advertencia cobra más peso en un país donde las actividades financieras y de seguros representan cerca del 6% del PIB y sostienen decenas de miles de empleos. Esa fortaleza sectorial, que por años ha sido un pilar de la reputación internacional de Panamá, puede convertirse en una ventaja mayor si se conecta con el resto de la economía. Un sistema financiero profundo no solo administra depósitos: también reduce el costo del capital, facilita plazos más largos y permite que proyectos de infraestructura, logística o vivienda encuentren fondeo estable. Sin ese puente, la banca sigue siendo un centro de acumulación, no un multiplicador de desarrollo.
La propuesta de APEDE apunta precisamente a ensanchar ese puente. Digitalizar procesos, usar nuevas fuentes de información para evaluar riesgo, formalizar empleo informal y crear instrumentos para micro y pequeñas empresas no son medidas aisladas; forman una cadena. Si una pyme puede demostrar ventas electrónicas, pagos regulares y facturación trazable, su perfil de riesgo cambia. Si existe una oferta más flexible de garantías o financiamiento compartido con multilaterales, el costo de prestar baja. Y si el mercado de valores complementa a la banca, proyectos medianos pueden acceder a capital sin depender exclusivamente del crédito tradicional.
El impacto potencial de estas reformas trasciende el sistema bancario. Una mejora sostenida en la intermediación financiera elevaría la inversión privada, ampliaría la base tributaria y favorecería la creación de empleo formal, especialmente en actividades con fuerte efecto multiplicador como comercio, logística y vivienda. También ayudaría a diversificar una economía demasiado concentrada en servicios avanzados, reduciendo la vulnerabilidad frente a shocks externos o ciclos sectoriales. El desafío es que esta transición exige más que liquidez: necesita información, tecnología, supervisión y una banca dispuesta a asumir un riesgo calculado sobre la base de datos mejores, no de inercias históricas.
En ese sentido, el problema del crédito en Panamá es también una prueba de madurez institucional. El país ya demostró que puede sostener un centro financiero sólido; ahora debe demostrar que ese sistema puede irrigar la economía real con la misma eficacia con la que protege su balance. Si la liquidez continúa encerrada en los libros bancarios, la fortaleza financiera seguirá siendo un logro parcial. Si, en cambio, se convierte en inversión, empleo y productividad, el sistema bancario dejará de ser solo un indicador de estabilidad para convertirse en una herramienta efectiva de desarrollo nacional.
