La decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de recordar que ningún funcionario puede entregar declaraciones a los medios sin autorización previa adquiere un significado particular cuando se produce en medio de una emergencia penitenciaria. El 14 de agosto de 2026, la entidad reiteró que la vocería oficial corresponde al director general y que, en su ausencia, solo podrá asumirla el funcionario designado conforme a las competencias previstas en la Circular No. 000035 de 2013 y en el Manual de Voceros Código PE-CE-M02. El mensaje no es una nueva prohibición, sino la reafirmación de una regla administrativa que ya existía.
Sin embargo, el contexto modifica el alcance de esa comunicación. Dos días antes, un terremoto había provocado daños en la cárcel de Manizales y obligado al traslado de más de 210 personas privadas de la libertad. En Buenaventura, la emergencia derivó además en un incendio que dejó seis internos muertos. La coincidencia entre una crisis de infraestructura, decisiones urgentes de reubicación y un cierre más estricto de la comunicación institucional plantea una pregunta central: ¿cómo puede el Estado garantizar información verificable y oportuna cuando concentra la voz pública precisamente durante una emergencia que exige vigilancia externa?
Una orden administrativa con efectos políticos
La circular citada por el Inpec establece que los directores regionales, los directores de establecimientos y los demás funcionarios no pueden convocar ruedas de prensa ni entregar declaraciones sin coordinación previa con el nivel central. El Boletín Interno No. 045 refuerza esa interpretación al señalar que únicamente los voceros autorizados por el director general están facultados para emitir información oficial a los medios. La Resolución No. 006349 de 2016, por su parte, regula el ingreso de periodistas a los establecimientos de reclusión del orden nacional.
En términos operativos, la centralización tiene una justificación evidente. Una cárcel afectada por un sismo puede convertirse rápidamente en escenario de rumores sobre fugas, motines, muertes, traslados o fallas estructurales. Mensajes contradictorios de funcionarios distintos podrían aumentar la tensión entre las familias, el personal penitenciario y las comunidades vecinas. Una cadena de autorización también puede proteger investigaciones en curso y evitar que se divulguen datos sensibles sobre la ubicación o las condiciones de seguridad de los internos.
Pero el mismo mecanismo presenta un riesgo cuando la autorización se convierte en un filtro lento, opaco o excesivamente político. La información penitenciaria no es un asunto puramente interno. Involucra derechos fundamentales, uso de recursos públicos, condiciones de reclusión y decisiones que afectan a personas bajo custodia estatal. El control de la vocería puede ordenar la narrativa, pero no sustituye la obligación de informar con precisión sobre la magnitud de los daños, las medidas de protección y los criterios utilizados para decidir quiénes son trasladados.
La distinción relevante no es entre comunicación controlada y comunicación libre. Es entre comunicación responsable y silencio institucional. El Inpec puede reservar información táctica que comprometa la seguridad, pero debe mantener disponibles datos esenciales: número de personas afectadas, diagnóstico preliminar de la infraestructura, estado de los servicios básicos, destino de los traslados, mecanismos de contacto para las familias y protocolos de atención médica o jurídica. Sin esos mínimos, la centralización puede terminar debilitando la confianza que pretende proteger.
El traslado de 210 internos revela una vulnerabilidad previa
El traslado de más de 210 reclusos desde Manizales no debe leerse únicamente como una reacción puntual al terremoto del 10 de agosto. También expone la fragilidad acumulada de una red penitenciaria que debe responder a desastres naturales sin disponer siempre de capacidad suficiente para absorber desplazamientos masivos. La evaluación de centros como Itagüí, en Antioquia, y Valledupar, en Cesar, muestra que la solución depende tanto del estado físico de la cárcel afectada como del espacio disponible en establecimientos que ya enfrentan presiones propias.
La primera consecuencia sectorial es logística. Reubicar a cientos de internos exige transporte, clasificación por perfiles de seguridad, revisión de expedientes, coordinación con jueces, entrega de medicamentos, continuidad de tratamientos y comunicación con familiares y abogados. No se trata de mover cuerpos de un edificio a otro. Cada traslado puede alterar la estrategia de defensa de una persona, dificultar las visitas, interrumpir programas de resocialización y aumentar los costos para las familias que deben recorrer mayores distancias.
La segunda consecuencia es de seguridad. Si los centros receptores no cuentan con capacidad real, el traslado puede agravar el hacinamiento y tensionar la convivencia. La sobreocupación reduce el margen de maniobra de los funcionarios, complica la separación entre personas sindicadas y condenadas y puede concentrar en un mismo establecimiento perfiles que deberían mantenerse diferenciados. Una medida diseñada para reducir el riesgo estructural en Manizales podría producir riesgos operativos en Itagüí o Valledupar si se ejecuta sin una planificación pública y verificable.
La tercera consecuencia recae sobre el personal penitenciario. Los funcionarios también trabajan en edificaciones dañadas, bajo presión emocional y con la responsabilidad de custodiar a una población que depende completamente de la institución. Si los canales de información son demasiado rígidos, los directores locales pueden quedar impedidos para explicar necesidades urgentes de equipos, evacuación o atención médica. El control de la vocería debe evitar declaraciones improvisadas, pero no debería bloquear los reportes técnicos ni la alerta temprana desde los establecimientos.
La tragedia de Buenaventura cambia la escala del debate
El incendio ocurrido en Buenaventura, con seis personas privadas de la libertad muertas, impide tratar la emergencia como un simple problema inmobiliario. Un daño estructural no solo amenaza la estabilidad de muros, techos o instalaciones eléctricas; puede afectar rutas de evacuación, sistemas contra incendios, suministro de agua, ventilación y acceso de los cuerpos de socorro. Cuando esas fallas se combinan con encierro, hacinamiento o falta de protocolos practicados, un evento natural puede transformarse en una tragedia humana.
La diferencia entre Manizales y Buenaventura también muestra que los impactos no son uniformes. En un establecimiento, la respuesta inicial puede ser el desalojo preventivo. En otro, la emergencia puede desencadenar muertes antes de que exista capacidad para evacuar. Por eso, las inspecciones posteriores al terremoto deberían producir una clasificación pública de riesgos, con prioridades y plazos. No basta con afirmar que se revisan las instalaciones: las familias y los organismos de control necesitan saber qué edificios son inhabitables, cuáles requieren obras urgentes y qué medidas temporales se adoptan para quienes permanecen allí.
El punto más delicado es la rendición de cuentas. Si el Inpec atribuye las consecuencias exclusivamente al terremoto, podría pasar por alto deficiencias anteriores en mantenimiento o preparación. Si, por el contrario, se concluye prematuramente que toda falla obedeció a negligencia, se corre el riesgo de convertir una investigación técnica en un juicio político. La respuesta adecuada exige separar tres preguntas: qué daños produjo directamente el sismo, qué condiciones preexistentes amplificaron sus efectos y qué decisiones se tomaron antes, durante y después de la emergencia.
La prensa frente a una institución cerrada
Desde la perspectiva del Inpec, restringir declaraciones individuales permite evitar filtraciones y unificar la información. Desde la perspectiva de los periodistas, especialmente quienes cubren cárceles, la medida puede dificultar el acceso a fuentes locales que conocen el estado real de los pabellones y la respuesta cotidiana a la crisis. Los funcionarios de base suelen ser quienes observan primero las fallas en servicios, los conflictos internos o las necesidades médicas, aunque no siempre estén autorizados para hablar públicamente.
Existe una tensión legítima entre el derecho a informar y la protección de la seguridad penitenciaria. La prensa no necesita conocer planos, turnos, rutas de vigilancia ni movimientos operativos en tiempo real. Pero sí necesita poder contrastar la versión oficial, verificar el número de afectados y preguntar por las condiciones de quienes fueron trasladados. El Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión reconoce que el ingreso de medios está sujeto a disposiciones específicas; esa regulación debería funcionar como un mecanismo de acceso ordenado, no como una barrera general frente al escrutinio.
Las familias ocupan una posición aún más vulnerable. Para ellas, una declaración oficial no es una pieza de comunicación institucional, sino la posible única vía para saber si un interno está herido, si fue trasladado o dónde podrá recibir visitas. Cuando el flujo informativo depende de una sola oficina, cualquier retraso puede multiplicar la angustia y alimentar versiones no confirmadas en redes sociales. La transparencia, en este escenario, tiene una función de seguridad: reduce rumores, facilita la identificación de personas y permite que las autoridades corrijan rápidamente datos falsos.
Tres decisiones que definirán la respuesta
La primera decisión consiste en determinar si el sistema de vocería tendrá capacidad de respuesta permanente. Una estructura centralizada solo es eficaz si cuenta con equipos disponibles durante las 24 horas, protocolos para emergencias y responsables capaces de ofrecer actualizaciones periódicas. De lo contrario, el silencio de los funcionarios locales no será compensado por información oficial, sino por un vacío que otros actores llenarán con especulaciones.
La segunda es establecer criterios transparentes para los traslados. La selección no debería depender únicamente de la disponibilidad de cupos. También debe considerar el nivel de riesgo, la situación jurídica, las necesidades de salud, los vínculos familiares, la pertenencia a programas de resocialización y la posibilidad de mantener separaciones ordenadas entre grupos. Publicar estos criterios, sin revelar datos personales ni comprometer la seguridad, permitiría evaluar si la medida protege realmente a los internos o si solo desplaza el problema hacia otras cárceles.
La tercera decisión es convertir la inspección posterior al terremoto en un programa nacional de resiliencia penitenciaria. Colombia ha quedado ante la evidencia de que varios establecimientos pueden ser vulnerables a fenómenos sísmicos y emergencias conexas. El diagnóstico debería incluir refuerzo estructural, sistemas de detección y control de incendios, rutas de evacuación, plantas eléctricas, reservas de agua y ejercicios periódicos con el personal. Sin un calendario de inversiones y responsables identificables, la revisión corre el riesgo de quedarse en un informe más.
El escenario que puede abrirse después de la emergencia
En las próximas semanas, el Inpec tendrá que administrar simultáneamente tres presiones: completar la evaluación de Manizales, estabilizar la situación de Buenaventura y explicar el destino de cientos de internos. Es previsible que aumenten las solicitudes de información de familiares, abogados, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. También podrían presentarse acciones judiciales si se denuncian interrupciones en tratamientos médicos, dificultades de defensa o condiciones de hacinamiento en los centros receptores.
El riesgo más inmediato es que los traslados temporales se vuelvan indefinidos. Cuando una persona privada de la libertad es llevada lejos de su entorno, el costo social se distribuye entre su familia, su abogado y el propio sistema judicial. Las audiencias pueden complicarse, las visitas disminuir y los programas de atención perder continuidad. El riesgo institucional de mediano plazo es que la emergencia sirva para normalizar una política de comunicación basada en la reserva, incluso cuando ya no exista una amenaza operativa que la justifique.
También existe un riesgo reputacional. Si la entidad ofrece versiones incompletas o cambia con frecuencia las cifras de daños, traslados y víctimas, la opinión pública puede interpretar la coordinación comunicativa como encubrimiento. Esa percepción afectaría no solo al Inpec, sino a la legitimidad de todo el sistema penitenciario. La credibilidad se recupera con datos consistentes, informes técnicos independientes y espacios de diálogo con las familias y los organismos de control, no únicamente con la designación de un vocero.
La crisis ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad para modernizar la gestión penitenciaria. Un tablero público de emergencias, actualizado con información agregada; protocolos de contacto para familiares; reportes de infraestructura elaborados por expertos externos y una capacitación específica de voceros regionales podrían equilibrar seguridad y transparencia. La autorización central seguiría siendo necesaria para proteger información sensible, pero estaría acompañada por obligaciones claras de respuesta, plazos definidos y mecanismos de verificación.
La orden de frenar declaraciones no constituye por sí sola una prueba de ocultamiento ni una garantía de buena gestión. Su efecto dependerá de lo que ocurra detrás de ella. Si la centralización sirve para entregar información completa, coordinar traslados responsables y proteger a internos y funcionarios, será una herramienta administrativa razonable. Si se utiliza para reducir el escrutinio sobre daños, muertes o condiciones de reclusión, agravará una crisis que ya no es únicamente de infraestructura. En una emergencia carcelaria, controlar la voz oficial puede ordenar el mensaje; garantizar la verdad verificable es lo que finalmente determina la legitimidad de la respuesta.
