El reciente decreto supremo que eleva las asignaciones mensuales para el Servicio Militar Acuartelado introduce cambios concretos en la compensación de soldados, cabos y sargentos de las tres instituciones armadas peruanas. Esta medida, vigente desde junio de 2026, busca reconocer económicamente el esfuerzo de quienes optan por reengancharse y permanecer en las filas. Sin embargo, su aplicación genera interrogantes sobre la capacidad real de las Fuerzas Armadas para absorber el costo sin afectar otras prioridades operativas.
El aumento progresivo según el número de reenganches establece una escala que premia la permanencia. Para la tropa regular, los valores oscilan entre 384 y 547,50 soles, mientras que en el quinto reenganche pueden superar los 1.200 soles para los grados más altos. Esta estructura busca reducir la rotación temprana y mejorar la experiencia acumulada dentro de las unidades.
Retención y calidad del personal
El incremento puede contribuir a una mayor estabilidad en las unidades operativas. Al ofrecer pagos más competitivos, se reduce la probabilidad de que jóvenes abandonen el servicio tras el primer año, lo que permite acumular habilidades técnicas y operativas. En contextos de frontera o patrullaje marítimo, donde la continuidad del personal resulta clave, esta continuidad puede traducirse en mejor respuesta ante incidentes.
No obstante, el efecto no es automático. El monto máximo sigue siendo inferior al salario promedio de un trabajador formal en sectores como minería o construcción. Por ello, el aliciente económico podría resultar insuficiente para retener perfiles con mayor calificación o para competir con oportunidades civiles en regiones con alto dinamismo económico.
Presión sobre el presupuesto institucional
El financiamiento proviene directamente de las partidas asignadas a las unidades ejecutoras del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Aunque el decreto indica que los recursos ya están contemplados, cualquier variación en el tipo de cambio o en los precios de combustible y mantenimiento podría obligar a reasignaciones internas. Históricamente, las partidas de personal han competido con las de equipamiento y adiestramiento, por lo que un aumento sostenido de las asignaciones podría desplazar inversiones en material.
La exclusión de ciertas restricciones presupuestarias de la Ley 32513 otorga flexibilidad temporal, pero no elimina el riesgo de desequilibrios futuros si el número de reenganches crece más rápido de lo proyectado. En escenarios de menor crecimiento fiscal, el Ministerio de Defensa podría enfrentar decisiones difíciles entre mantener el nuevo esquema de pagos o preservar la operatividad de plataformas críticas.
Posibles efectos en la composición de las fuerzas
El diseño de pagos diferenciados por reenganche favorece la permanencia de quienes ya están dentro del sistema. Esto puede consolidar un núcleo de personal experimentado, útil para tareas de instrucción y apoyo logístico. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que el servicio atraiga principalmente a perfiles motivados por el incentivo económico y no por vocación operativa, alterando el perfil de ingreso en el mediano plazo.
La medida también podría influir en la distribución regional de reclutas. Regiones con menor oferta laboral formal podrían registrar mayor interés por los reenganches, mientras que en zonas urbanas con más alternativas el efecto sería menor. Esta asimetría podría generar desequilibrios en la representatividad territorial de las unidades.
Incertidumbres de implementación
La actualización de los montos en el sistema AIRHSP depende de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cualquier retraso en la carga de datos o en la verificación de planillas podría generar pagos incorrectos durante los primeros meses. Además, la derogación del decreto de 2012 elimina el marco anterior sin establecer un mecanismo de transición explícito para quienes ya se encontraban en reenganche, lo que abre espacio a interpretaciones administrativas.
El informe técnico que respaldó la medida calcula el costo diferencial, pero no contempla escenarios de inflación superior al proyectado ni variaciones en el número de efectivos. Si el número de reenganches supera las estimaciones, el presupuesto institucional podría requerir ajustes adicionales no previstos en el decreto.
Observaciones finales
El ajuste de las asignaciones representa un esfuerzo por dignificar el servicio militar voluntario, pero su éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para equilibrar el gasto de personal con las necesidades de modernización y adiestramiento. El monitoreo continuo de los efectos sobre la retención y sobre las cuentas del Ministerio de Defensa permitirá identificar ajustes necesarios antes de que las presiones presupuestarias se traduzcan en limitaciones operativas.
