Un año después de que México puso en marcha la prueba piloto para incorporar a las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen de seguridad social, el dato central expone una brecha que no se resuelve con el simple registro: apenas 15.5 por ciento ha superado el umbral de ingreso requerido para acceder a la cobertura plena del IMSS. La cifra obliga a mirar más allá del avance formal de la afiliación. El desafío ya no consiste únicamente en reconocer que repartidores y conductores trabajan, sino en determinar bajo qué condiciones económicas ese trabajo puede sostener derechos efectivos.
La reforma respondió a una transformación acelerada del mercado laboral urbano. Durante años, aplicaciones de reparto, transporte y mensajería crecieron apoyadas en una narrativa de flexibilidad: cada persona decidiría cuándo conectarse, cuánto tiempo permanecer disponible y qué pedidos aceptar. Sin embargo, esa autonomía convive con elementos que se parecen a una relación laboral tradicional: algoritmos que distribuyen viajes, sistemas de calificación, incentivos por productividad, sanciones por cancelación y una dependencia económica que, para miles de familias, convierte a la plataforma en su fuente principal de ingresos.
De la promesa de flexibilidad al reconocimiento laboral
El debate mexicano no surgió de manera aislada. En distintos países, tribunales, gobiernos y organismos laborales han discutido si el trabajo mediado por una aplicación debe considerarse una actividad independiente o una forma contemporánea de empleo subordinado. La diferencia tiene consecuencias concretas. Bajo el esquema de independencia absoluta, el riesgo de accidentes, enfermedad, vejez o baja demanda recae casi por completo en quien presta el servicio. Bajo un modelo con obligaciones patronales, las empresas participan en el financiamiento de protecciones que antes quedaban fuera de su estructura de costos.
La prueba piloto del IMSS intentó construir una salida intermedia y operativa: registrar a trabajadores de plataformas, calcular sus ingresos y vincular las aportaciones de las empresas a la actividad generada. El propósito era corregir una exclusión histórica sin detener una industria que se ha vuelto relevante para consumidores, comercios pequeños y cadenas de distribución. Pero el resultado inicial demuestra que la cobertura legal depende de una condición material más difícil de alcanzar: generar ingresos suficientes de manera sostenida.
La seguridad social plena no es un beneficio menor ni meramente administrativo. Implica acceso a atención médica, incapacidades, riesgos de trabajo, ahorro para el retiro y otros mecanismos que amortiguan contingencias habituales. Para un repartidor que circula varias horas al día entre tráfico, lluvia y pavimento irregular, la diferencia entre estar cubierto o no puede definirse tras una caída o un choque. Para una conductora que deja de conectarse durante semanas por enfermedad o embarazo, la falta de protección transforma un problema de salud en una pérdida inmediata de ingreso.
El umbral revela la fragilidad del ingreso
Que 84.5 por ciento no alcance el nivel exigido para la cobertura plena no significa necesariamente que esas personas no trabajen o que la plataforma no genere valor económico. Puede reflejar jornadas parciales, actividad intermitente, temporadas de baja demanda, división del tiempo entre varias aplicaciones o ingresos variables después de descontar gasolina, mantenimiento, datos móviles y depreciación del vehículo. En otras palabras, el registro de ingresos brutos puede describir una actividad, pero no siempre revela la capacidad real de una persona para sostenerse con ella.
Ese matiz es decisivo. Un conductor puede completar suficientes viajes en una semana de alta demanda, pero perder margen cuando sube el precio del combustible o cuando debe reparar una llanta, cambiar frenos o pagar el seguro. Un repartidor en motocicleta puede aumentar sus entregas durante una campaña comercial, aunque una lesión o una semana de lluvias reduzca drásticamente su disponibilidad. Si el acceso a la cobertura plena depende de un promedio que no capta estas fluctuaciones, el sistema corre el riesgo de proteger mejor a quienes ya tienen mayor estabilidad y dejar a los más vulnerables en una cobertura limitada.
El problema también obliga a distinguir entre ingresos ocasionales y empleo de subsistencia. Para alguien que usa una app unas horas por semana como complemento salarial, un umbral mensual puede ser razonable como criterio de contribución. Para quien depende de la aplicación para pagar renta, alimentos y deudas, quedar debajo de ese umbral puede evidenciar que el mercado está remunerando de forma insuficiente una actividad esencial para el funcionamiento cotidiano de las ciudades. La misma plataforma puede reunir ambos perfiles, pero las políticas públicas no deberían tratar sus riesgos como si fueran idénticos.
Una desigualdad que se reproduce en la ruta
La información sobre las repartidoras añade otra capa al diagnóstico: las mujeres ganan 8 por ciento menos que sus compañeros hombres. La brecha no puede leerse solamente como una diferencia individual de horas conectadas. En el trabajo de plataforma, la disponibilidad está condicionada por factores sociales que no aparecen en la pantalla de la aplicación: tareas de cuidado, percepción de inseguridad, restricciones para circular de noche, acoso en calles y establecimientos, y menor acceso a vehículos propios o a crédito para adquirirlos.
Una repartidora que evita turnos nocturnos por razones de seguridad puede quedar fuera de las franjas con mayor demanda, propinas o tarifas dinámicas. Si además debe interrumpir su jornada para cuidar a hijos, familiares o personas dependientes, su tiempo disponible se fragmenta y pierde oportunidades que el algoritmo puede premiar por continuidad. El resultado no es sólo un ingreso menor en el presente: también disminuye la probabilidad de superar el umbral de acceso a la seguridad social plena. Así, una desigualdad previa se convierte en una desigualdad de protección futura.
La dimensión de género exige medidas más precisas que una afiliación neutral en el papel. Serían relevantes datos públicos desagregados sobre ingresos netos, horas de conexión, acceso a prestaciones, accidentes y causas de desconexión. También debe revisarse si los mecanismos de asignación de servicios, bonos y penalizaciones producen efectos indirectos sobre quienes no pueden operar en los horarios más rentables. Sin evidencia de ese tipo, la brecha puede presentarse como una decisión personal, cuando en realidad responde a condiciones urbanas y laborales que distribuyen de forma desigual el riesgo.
El costo oculto de una cobertura incompleta
La insuficiente incorporación plena al IMSS tiene efectos que trascienden a las plataformas. Cuando una persona trabajadora no cuenta con protección por riesgos de trabajo, el costo de un accidente puede trasladarse a su familia, a hospitales públicos financiados por la sociedad o a redes informales de apoyo. Cuando no acumula ahorro para el retiro, la precariedad se posterga, pero no desaparece: reaparece años después como dependencia económica, pobreza en la vejez o presión adicional sobre programas asistenciales.
También hay un asunto de competencia económica. Si las plataformas pueden operar con una parte importante de su fuerza laboral sin generar contribuciones suficientes para una protección plena, los negocios tradicionales que sí cumplen con cuotas y obligaciones laborales enfrentan estructuras de costos distintas. Restaurantes con repartidores contratados, empresas de mensajería y pequeñas flotas pueden quedar en desventaja frente a modelos que externalizan parte de los riesgos. La regulación, por tanto, no sólo trata de derechos individuales; influye en las reglas bajo las cuales compiten sectores enteros.
Para las propias empresas tecnológicas, una cobertura limitada puede convertirse en un riesgo operativo. La alta rotación, el desgaste físico, la pérdida de vehículos y la desconfianza de los repartidores afectan la calidad y disponibilidad del servicio. Una plataforma que depende de miles de personas conectadas en horas pico necesita una fuerza laboral que pueda permanecer activa sin que una enfermedad o un accidente la expulse inmediatamente de la actividad. Invertir en protección no es únicamente una obligación derivada de la ley; puede ser una condición para la sostenibilidad del modelo.
La prueba piloto entra en su fase decisiva
El dato de 15.5 por ciento debe servir para evaluar el diseño de la prueba, no para declarar prematuramente su fracaso o su éxito. Una primera pregunta es si el umbral salarial refleja con precisión los ingresos disponibles después de costos indispensables. Otra es cómo se contabiliza a quienes trabajan simultáneamente en varias aplicaciones, una práctica frecuente para reducir tiempos muertos y aumentar pedidos. Si cada empresa observa sólo una fracción de la actividad, una persona puede parecer insuficientemente remunerada en cada plataforma pese a que su ingreso conjunto sí constituya su principal ocupación.
También será necesario vigilar que la obligación de aportar no genere incentivos para fragmentar aún más las jornadas, reducir tarifas o trasladar costos a los usuarios y trabajadores. La experiencia comparada muestra que una regulación eficaz requiere supervisión sobre los datos que producen los algoritmos: tarifas, tiempos de espera, cancelaciones, incentivos y retenciones. Sin acceso verificable a esa información, las autoridades dependen de reportes empresariales y las personas trabajadoras tienen poca capacidad para cuestionar decisiones automatizadas que afectan directamente sus ingresos.
La discusión de fondo es qué tipo de mercado laboral quiere consolidar México en la economía digital. Las aplicaciones han creado oportunidades de entrada rápida al trabajo y servicios valorados por consumidores y comercios. Pero la innovación no elimina los principios básicos de protección frente al accidente, la enfermedad o la vejez. Si la mayoría de quienes sostienen la operación diaria queda fuera de la seguridad social plena, la modernización tecnológica corre el riesgo de avanzar sobre una base laboral frágil. La siguiente etapa de la prueba deberá medir no sólo cuántas cuentas están afiliadas, sino cuántas personas han logrado convertir su actividad digital en un empleo con ingresos suficientes, derechos exigibles y una perspectiva de continuidad.
