La discusión sobre los 333 mil millonarios mexicanos llega en un momento incómodo para la política económica. La economía no ha tomado el impulso esperado, el cierre de año sigue condicionado por proyectos atrasados y el Paquete Económico 2027 está a semanas de entrar en escena. En ese contexto, el Global Wealth Report 2026 de UBS no sólo ofreció una fotografía de la acumulación de riqueza en México; también reactivó una pregunta que siempre vuelve cuando el Estado enfrenta restricciones presupuestarias: quién puede aportar más y hasta dónde es viable hacerlo sin alterar la inversión, el consumo ni la confianza.
El dato central no es únicamente el número de millonarios, sino su velocidad de crecimiento. Que en 2025 se hayan sumado 8 mil 724 nuevos patrimonios de más de un millón de dólares, con un avance de 2.7 por ciento, sugiere que la riqueza alta siguió expandiéndose incluso en un año de desaceleración. Más revelador todavía resulta que la fortuna acumulada de los multimillonarios mexicanos haya aumentado cerca de 60 por ciento. Esa divergencia entre crecimiento económico moderado y expansión acelerada de grandes fortunas expone una economía donde la creación de valor no se distribuye de manera homogénea y donde los activos más dinámicos no siempre coinciden con el ingreso laboral o la inversión productiva tradicional.
La composición de esa riqueza es el dato que más interés puede despertar en Hacienda. Sólo 44.3 por ciento de la riqueza bruta mexicana está en activos financieros, muy por debajo de Estados Unidos, Brasil, Israel o Taiwán. Eso significa que gran parte del patrimonio de los hogares y de los grandes fortunas está anclado en inmuebles y empresas, es decir, en activos tangibles, localizables y, en principio, más fáciles de gravar que una cartera diversificada de instrumentos financieros complejos. Para un diseñador fiscal, esa estructura parece abrir una puerta; para un recaudador prudente, también marca el límite. Un impuesto patrimonial sobre riqueza inmovilizada puede existir en papel, pero su ejecución exige valuaciones confiables, padrones robustos y un aparato administrativo capaz de distinguir entre patrimonio alto y liquidez disponible.
Ahí aparece el punto más delicado. La deuda representa apenas 5.2 por ciento de la riqueza bruta mexicana, una proporción baja frente a economías como Brasil o Estados Unidos. A primera vista, ello sugiere margen para captar recursos sin desfondar a los contribuyentes. En la práctica, sin embargo, la baja deuda no equivale a efectivo disponible. Un empresario con propiedades, acciones en compañías cerradas o participaciones familiares puede ser rico en términos patrimoniales y al mismo tiempo carecer de caja para enfrentar un gravamen recurrente. Esa diferencia explica por qué los impuestos a la riqueza suelen generar más debate que rendimiento sostenido: técnicamente lucen atractivos, políticamente despiertan resistencias y administrativamente abren disputas interminables sobre valuación, exenciones y evasión.
La experiencia internacional confirma que no se trata de una herramienta universal. La OCDE documentó que varios países abandonaron o redujeron los impuestos recurrentes sobre el patrimonio neto por su bajo rendimiento, su complejidad y la fuga de capital humano y financiero que podían provocar. Francia, por ejemplo, terminó sustituyendo un gravamen amplio por uno más acotado sobre bienes inmuebles; otros países optaron por figuras parciales, no por un impuesto general. México, además, carga con un elemento político que estrecha el margen de maniobra: la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá nuevos impuestos. En ese marco, el camino más probable no es inventar una nueva carga, sino exprimir mejor las ya existentes, en especial mediante IEPS y una revisión más fina del gasto.
La discusión, entonces, no es sólo fiscal sino de modelo de Estado. Si Hacienda decide mirar hacia la cúspide patrimonial, tendrá que resolver primero un dilema de legitimidad: cómo pedir más a quienes concentran riqueza sin debilitar la inversión, el ahorro empresarial o la movilidad de capital. El punto no es menor porque, en el segmento de uno a cinco millones de dólares, la vivienda suele ser el principal activo. Eso coloca a una parte de los nuevos millonarios en una zona difícil de gravar sin afectar a familias empresarias o patrimonios construidos en generaciones, especialmente en regiones donde el valor inmobiliario ha crecido más rápido que el ingreso corriente.
El impacto potencial sobre la política económica sería amplio. Una estrategia de mayor presión sobre patrimonios altos podría mejorar la recaudación en el corto plazo, pero también incentivar litigios, reestructuraciones societarias y traslado de activos a vehículos menos visibles. Si, en cambio, el gobierno usa estas cifras como recordatorio de que existe una base tributaria con capacidad contributiva y al mismo tiempo fortalece la eficiencia del gasto, el efecto puede ser más duradero: menor dependencia de ingresos extraordinarios, mejor señal a inversionistas y una discusión más seria sobre equidad fiscal sin romper la promesa de no crear nuevos impuestos.
La misma lógica de fondo aparece en el respaldo que la JUFED dio a Margarita Ríos Farjat. La disputa ya no gira sólo en torno al caso individual de una exministra de la Suprema Corte, sino al alcance real de la libertad profesional de quienes dejaron el Poder Judicial tras la reforma de 2024. La advertencia de fondo es clara: si se pretende cerrarles la puerta al ejercicio privado, el mensaje para los perfiles técnicos de alto nivel sería de castigo reputacional y laboral, justo cuando el país necesita certidumbre jurídica para atraer inversión. Limitar de manera informal o política su reinserción en despachos, academia o consultoría no sólo tensiona derechos constitucionales; también empobrece el mercado legal al expulsar experiencia acumulada.
Ese debate importa más allá del gremio jurídico porque toca la relación entre Estado, mercado y confianza institucional. Un sistema que sanciona de facto a quienes salen del servicio público puede desalentar la circulación de talento entre sector público y privado. Pero uno que no fija reglas claras también corre el riesgo de normalizar conflictos de interés. La salida no está en la prohibición amplia, sino en reglas transparentes de incompatibilidad, periodos de enfriamiento bien definidos y supervisión efectiva. Sin eso, la discusión seguirá atrapada entre la sospecha y el agravio, con costo para la calidad institucional del país.
En el terreno empresarial, el caso de Santander México muestra que la equidad de género dejó de ser un discurso decorativo para convertirse en ventaja competitiva. Que una institución financiera encabece reconocimientos como el del IMEF-MEF y al mismo tiempo reciba una valoración positiva de Top Companies sugiere que la inclusión ya no se mide sólo por el número de mujeres contratadas, sino por su presencia en los espacios donde realmente se define el negocio. Con 56 por ciento de su plantilla integrada por mujeres y una participación directiva relevante, el banco envía una señal que otros grupos observan con atención: la diversidad bien integrada mejora reputación, atracción de talento y, sobre todo, toma de decisiones.
El caso también deja una lección para el sector corporativo mexicano. La brecha de género sigue siendo más visible en la cúspide que en la base, y por eso los consejos de administración importan tanto como las políticas internas. Cuando mujeres ocupan posiciones clave en finanzas, estrategia, cultura o sostenibilidad, la inclusión deja de ser una métrica de recursos humanos y se convierte en parte de la arquitectura de la empresa. A largo plazo, ese cambio puede tener efectos más hondos que una campaña institucional: modifica incentivos, amplía criterios de evaluación y corrige sesgos que durante años limitaron el acceso femenino a la toma de decisiones.
La agenda pública que se abre aquí es exigente. Hacienda enfrenta una economía con recursos concentrados y promesas de disciplina fiscal; el Poder Judicial vive una etapa en la que la movilidad profesional de sus exintegrantes será observada con lupa; y el sector privado empieza a entender que la equidad no es un accesorio reputacional sino una condición de competitividad. Si estas piezas se mueven al mismo tiempo, el resultado puede ser una nueva conversación sobre cómo se distribuyen el poder, la confianza y la riqueza en México. Lo que venga en el Paquete Económico 2027 dirá si el gobierno decide administrar esa tensión con prudencia técnica o si prefiere dejarla intacta, confiando en que el crecimiento futuro resolverá por sí solo lo que hoy ya exhiben las cifras.
