La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) activó este 12 de agosto la prórroga para el pago del impuesto de circulación y abrió una ventana hasta el último día hábil de diciembre de 2026 para que los propietarios de vehículos pendientes regularicen su situación sin multas, moras ni intereses. La medida alcanza a 1,16 millones de unidades que todavía no habían cumplido con la obligación fiscal, en un contexto de presión sobre el gasto familiar por el encarecimiento de combustibles y de la canasta básica.
Con datos actualizados al 11 de agosto, la SAT informó que el parque vehicular activo del país asciende a 6.697.056 unidades. De ese total, 5,54 millones de propietarios ya habían pagado, lo que representa 83%, mientras que el 17% restante seguía en mora. La recaudación acumulada llegó a Q1.314,61 millones, equivalente al 88% de la meta anual de Q1.495,13 millones fijada para el ejercicio fiscal 2026, por lo que aún persiste una brecha cercana a Q180 millones.
Una ley temporal con efecto inmediato
La extensión quedó contenida en el Decreto 19-2026, publicado en el Diario de Centro América, y su entrada en vigor eliminó los recargos generados entre el 1 y el 12 de agosto, período que quedó cubierto por la norma. En términos prácticos, la disposición no borra la obligación tributaria, pero sí congela las penalidades para quienes no alcanzaron a pagar dentro del plazo ordinario vencido el 31 de julio.
La SAT detalló que el universo vehicular se divide entre 3.416.993 motocicletas, 2.849.720 vehículos particulares y 430.343 de uso comercial. En una actualización previa, del 3 de agosto, la entidad había reportado 5,37 millones de vehículos con el impuesto pagado, 81% del total, y 1,40 millones en mora. Ese contraste muestra que, en apenas una semana, el avance fue moderado, pero suficiente para reforzar la decisión política de conceder más tiempo a los contribuyentes.
Presión fiscal y margen para los hogares
El planteamiento oficial se sostiene sobre una lectura económica clara: la recaudación debía protegerse, pero sin ignorar la fragilidad del ingreso disponible de los hogares. Los diputados que impulsaron la medida argumentaron que el alza de combustibles y de la canasta básica redujo el poder adquisitivo, mientras que el período de aguinaldo puede ofrecer una ventana de liquidez para que muchos propietarios salden su deuda más adelante en el año.
El Congreso aprobó la iniciativa el 29 de julio, en un solo debate, con 130 votos a favor, tres en contra y 27 ausencias. El decreto fue firmado por el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el secretario general de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero, lo que le dio cierre institucional a una medida que había ganado respaldo político como alivio transitorio para los contribuyentes con atrasos.
Qué cambia en la vía pública
La prórroga también modifica la fiscalización en carretera. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil no verificará el pago del impuesto durante sus operativos ni impondrá sanciones por ese incumplimiento mientras la ley temporal siga vigente. En la misma línea, la Policía Municipal de Tránsito anunció que no realizará operativos vinculados con esa verificación hasta 2027, un giro que reduce la presión inmediata sobre los conductores, aunque no elimina la obligación de cumplir.
Werner Ovalle, superintendente de Administración Tributaria, agradeció en su cuenta de X a los propietarios que ya habían pagado y aseguró que los sistemas de la institución están en funcionamiento para aplicar la ampliación del plazo a los contribuyentes pendientes. La SAT precisó además que las tarjetas de circulación y calcomanías correspondientes a 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, pero recordó que la obligación de portar licencia de conducir, tarjeta de circulación y calcomanía vigente sigue aplicando para todos los conductores.
La decisión deja una señal doble para el cierre del año fiscal: por un lado, el Estado intenta sostener el flujo de ingresos sin castigar de inmediato a los morosos; por otro, traslada a los próximos meses la presión sobre una base amplia de propietarios que aún no regulariza su situación. Si la respuesta de pago no mejora, la meta anual seguirá dependiendo de un grupo cada vez más acotado de contribuyentes que deben cubrir una parte relevante de la brecha pendiente.
