El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que empresarios del estado han entregado información adicional sobre presuntos actos ilícitos cometidos por Rafael “N”, identificado como el responsable de los disparos en la Vía Atlixcáyotl. La administración estatal ya solicitó revisar los posibles contratos vigentes con la empresa farmacéutica que representa el detenido.
Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario estuvo acompañado por la fiscal general Idamis Pastor Betancourt y el secretario de Seguridad Pública Francisco Sánchez González. Armenta detalló que las investigaciones posteriores a la detención, ocurrida la madrugada del martes, han permitido identificar nuevos elementos que podrían ampliar las imputaciones contra el empresario.
Información adicional del sector empresarial
El gobernador precisó que integrantes del sector empresarial se acercaron voluntariamente para compartir datos sobre otros eventos en los que Rafael “N” habría participado. Uno de estos testimonios será presentado de manera formal ante la Fiscalía General del Estado para fortalecer las carpetas de investigación. “A nosotros nos han buscado personas del ámbito empresarial que nos han compartido información de sucesos en otros momentos”, declaró Armenta.
La colaboración de estos empresarios se produce en un contexto donde la actividad comercial de Rafael “N” como proveedor de insumos para la salud se remonta a administraciones anteriores, incluyendo el gobierno de Melquiades Morales Flores. Esta trayectoria comercial explica por qué su nombre aparece vinculado a distintas dependencias estatales a lo largo de varios periodos.
Revisión de contratos estatales
Como medida inmediata, el gobernador instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración verificar si existen contratos vigentes entre el Gobierno del Estado y la empresa representada legalmente por el detenido. Armenta aclaró que la existencia de algún contrato previo no implica otra relación que la comercial y que cualquier persona que cometa un delito debe responder ante la ley.
La revisión busca determinar si persiste alguna relación contractual actual y si esta podría estar relacionada con los hechos investigados. Las autoridades estatales han enfatizado que el proceso se realizará con transparencia y que los resultados serán comunicados una vez concluidas las verificaciones.
Contexto de la detención y avances de la investigación
La detención de Rafael “N” se produjo tras los hechos ocurridos en la Vía Atlixcáyotl, donde las autoridades lograron su identificación y captura en menos de 48 horas. Desde ese momento, la Fiscalía General del Estado ha coordinado las diligencias para establecer la posible participación del empresario en otros incidentes reportados por el sector privado.
Armenta reiteró que las investigaciones continúan y que será la FGE la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para imputar delitos adicionales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles específicos sobre los nuevos testimonios ni sobre la naturaleza de los contratos que serán revisados.
Reacciones institucionales
La presencia conjunta del gobernador, la fiscal general y el secretario de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa refleja la coordinación entre los poderes Ejecutivo y las instancias de procuración de justicia. Esta colaboración busca garantizar que los nuevos elementos aportados por los empresarios sean integrados de manera ordenada al expediente.
Funcionarios estatales han señalado que el caso se manejará con estricto apego a la legalidad y que cualquier decisión sobre contratos o imputaciones adicionales dependerá exclusivamente de las evidencias recabadas. La administración ha evitado adelantar conclusiones mientras se completan las revisiones administrativas y las investigaciones ministeriales.
El caso ha generado expectativa entre los sectores empresarial y político de Puebla, ya que la trayectoria del detenido como proveedor de insumos para la salud abarca varias administraciones. Las autoridades han insistido en que la revisión de contratos no afecta a otros proveedores que operan dentro del marco legal.
