El Gobierno cubano puso en vigor este sábado nuevas normas para acelerar el uso de energías renovables, en un momento en que el sistema eléctrico de la isla atraviesa una de sus fases más frágiles. Las resoluciones 179 y 180 de 2026 introducen exenciones fiscales para la importación de equipos y amplían la compraventa de electricidad generada a partir de biomasa y energía eólica, según medios estatales.
La decisión llega en medio de apagones masivos, déficit de generación y un servicio eléctrico que en amplias zonas del país apenas cubre unas pocas horas diarias. La medida no resuelve la crisis inmediata, pero sí marca un giro regulatorio: el Estado intenta empujar inversiones privadas y mixtas hacia tecnologías que reduzcan la dependencia del diésel, el fueloil y las centrales térmicas envejecidas.
La Resolución 180 exime del pago del impuesto aduanero a quienes importen sistemas solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. También incluye calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, equipos de aire acondicionado solar y cargadores para vehículos eléctricos alimentados con fuentes renovables. El beneficio alcanza además a dispositivos para procesar biomasa con fines energéticos y a sus piezas fundamentales.
La Resolución 179, por su parte, modificó una norma aprobada en mayo y amplió el alcance de la electricidad que puede venderse al Sistema Electroenergético Nacional. Hasta ahora, el esquema estaba centrado en la generación solar fotovoltaica. Con el nuevo texto, también se habilita una mayor incorporación de energía producida a partir de biomasa vegetal y de fuentes eólicas, en una señal de apertura hacia una matriz más diversificada.
El cambio normativo coincide con un deterioro operativo profundo. Para este sábado, la estatal Unión Eléctrica estimó que el mayor apagón del día dejaría sin servicio al 69 % del país en el horario de máxima demanda. La capacidad disponible se ubicó en 1.050 megavatios frente a una demanda máxima calculada en 3.300 megavatios, una brecha que obligó a desconectar 2.280 megavatios para evitar fallas desordenadas en la red.
En términos prácticos, los 9,4 millones de cubanos tendrían apenas dos o tres horas de electricidad en promedio durante la jornada. La escasez de suministro ya ha provocado protestas pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de La Habana, reflejo de un malestar social que se acumula a medida que se deteriora el abastecimiento básico.
La crisis energética cubana se profundizó desde mediados de 2024 y se agravó durante 2026. En lo que va del año, la isla ha sufrido siete apagones generales y, en casi 24 meses, acumula 12 interrupciones totales del servicio. A comienzos de agosto, un apagón parcial desencadenó otros dos colapsos generales que dejaron a casi todo el país sin electricidad durante tres jornadas consecutivas.
La debilidad del sistema no se limita a la falta de combustible. Siete de las 16 unidades de generación permanecen fuera de servicio, muchas de ellas construidas entre las décadas de 1960 y 1970 y sometidas a fallas recurrentes. A ello se suma el deterioro de la generación distribuida, que dependía de diésel y fueloil importado y cubría alrededor del 40 % del sistema, pero quedó paralizada por la escasez de combustible y las dificultades para adquirirlo. El 20 % restante provino de gas y fuentes renovables, sobre todo solar, todavía insuficientes para compensar las caídas del resto de la matriz.
En ese contexto, los incentivos recién aprobados parecen responder tanto a una necesidad estructural como a una urgencia política. Cuba busca atraer equipos y proyectos que alivien el sistema en el mediano plazo, pero el efecto inmediato será limitado mientras persistan la obsolescencia de las plantas, la falta de divisas para importar combustibles y la fragilidad de una red sometida a una demanda muy superior a su capacidad real. (Con información de EFE)
