El Gobierno de Costa Rica ha iniciado un proceso de evaluación sobre la lista de productos que integran la canasta básica tributaria, aquellos que gozan de una tasa reducida del 1% en el Impuesto al Valor Agregado. Esta revisión surge en un contexto de presión fiscal y debates sobre la efectividad de los mecanismos de protección social implementados desde la reforma tributaria de 2019.
Orígenes de la canasta y su diseño original
La canasta básica tributaria se configuró para reflejar los patrones de consumo del 30% de la población con menores ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Su creación respondió a la necesidad de mitigar el impacto regresivo del IVA sobre los hogares más vulnerables tras la unificación de tasas impositivas. En ese momento, más de 250 bienes distribuidos en 20 categorías recibieron el beneficio, con el objetivo explícito de cubrir artículos de primera necesidad.
Con el paso de los años, sin embargo, diversos análisis señalaron que la lista incorporaba productos cuyo consumo no se concentra exclusivamente en los sectores de bajos recursos. Esta distorsión generó críticas tanto desde sectores académicos como desde organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaron si el subsidio fiscal cumplía realmente su propósito redistributivo.
Presiones económicas actuales y motivaciones del Ejecutivo
La decisión de revisar la canasta coincide con un escenario de estrechez presupuestaria y crecientes demandas sobre el gasto social. El Ejecutivo busca determinar si la estructura actual beneficia de manera desproporcionada a hogares de ingresos medios y altos, lo que reduciría el margen fiscal disponible para programas más focalizados. Economistas del Colegio de Ciencias Económicas han señalado que cualquier ajuste debe partir de datos actualizados del INEC sobre consumo real por quintil de ingreso.
La exdiputada Pilar Cisneros ha insistido en que hasta 140 productos incluidos no corresponden al consumo habitual de las familias más necesitadas. Esta observación abre la puerta a una posible reclasificación que limite el beneficio a bienes esenciales, aunque el proceso requiere aprobación legislativa y un estudio técnico amplio.
Impactos en la equidad fiscal y el consumo
Una redefinición de la canasta podría mejorar la progresividad del sistema tributario al reducir subsidios implícitos a productos de mayor valor agregado. Países como Chile y México han implementado mecanismos similares, alineando la estructura de tasas reducidas con criterios de nutrición y salud pública recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En esos casos, la exclusión de alimentos ultraprocesados de los beneficios fiscales contribuyó tanto a una mayor recaudación como a cambios observables en los patrones de compra de los hogares de menores ingresos.
En Costa Rica, la separación entre la canasta alimentaria y la tributaria resulta clave. Mientras la primera establece el umbral de gasto mínimo para cubrir necesidades nutricionales (55.999 colones mensuales por persona), la segunda determina qué bienes reciben alivio impositivo. Una mayor coincidencia entre ambas listas podría reforzar la protección social sin aumentar la carga administrativa del Estado.
Efectos sobre hábitos de consumo y salud pública
El economista Luis Vargas ha destacado que la política tributaria influye directamente en las decisiones de consumo. Si el beneficio fiscal se restringe a productos frescos y básicos, se podría incentivar una alimentación más saludable entre los grupos de menores ingresos. Experiencias internacionales muestran que la aplicación de tasas diferenciadas según contenido nutricional ha logrado reducciones modestas pero medibles en la ingesta de azúcares y grasas saturadas.
No obstante, cualquier cambio abrupto podría generar efectos adversos en los productores locales de bienes actualmente beneficiados. Sectores agroindustriales y comerciales ya han expresado preocupación por una posible contracción de la demanda interna si determinados artículos pierden la tasa reducida.
Consecuencias legislativas y de largo plazo
El proceso de revisión requerirá un amplio consenso en la Asamblea Legislativa, donde las discusiones sobre progresividad fiscal suelen dividirse según líneas partidarias. Un enfoque técnico que incorpore datos del INEC y recomendaciones de organismos internacionales podría facilitar la aprobación de ajustes, pero también podría prolongar el debate durante varios periodos legislativos.
A nivel estructural, una canasta más focalizada contribuiría a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas costarricenses en un entorno de envejecimiento demográfico y mayor demanda de servicios de salud. Al mismo tiempo, el éxito de la medida dependerá de mecanismos complementarios de compensación, como transferencias directas o programas de subsidio alimentario, para evitar que hogares vulnerables enfrenten incrementos netos en su costo de vida.
El análisis en curso representa una oportunidad para alinear la política tributaria con objetivos más amplios de equidad y bienestar, siempre que las decisiones se sustenten en evidencia actualizada y no únicamente en consideraciones de recaudación inmediata.
