Los datos del Inegi dejan una lectura incómoda para el sistema de seguridad pública en México: hay avances verificables en certificación y control de confianza, pero no en la misma velocidad ni con la misma profundidad en todo el país. Que 7 de cada 10 integrantes de las corporaciones cuenten con evaluaciones vigentes aprobatorias o con el Certificado Único Policial confirma que la profesionalización dejó de ser una meta abstracta; sin embargo, también muestra que casi un tercio del personal aún opera con rezagos documentales, formativos o de validación que siguen pesando sobre la capacidad institucional.
En el corto plazo, la cifra puede leerse como una señal de fortalecimiento administrativo. La Guardia Nacional aparece con mejores indicadores que las policías estatales, tanto en evaluaciones de control de confianza como en el CUP. Eso sugiere que la construcción de una fuerza federal más homogénea ha tenido resultados medibles y que la ruta de estandarización sí produce efectos cuando hay disciplina de reclutamiento, formación y seguimiento. Para el ciudadano, esa diferencia importa porque la calidad del primer contacto con la autoridad suele depender de la corporación que patrulla su territorio.
El problema es que la brecha entre la GN y las corporaciones estatales no es solo una estadística de desempeño; también refleja capacidades desiguales de gestión, presupuesto y supervisión. Si una entidad logra certificar a todo su personal y otra ni siquiera alcanza a sostener procesos vigentes para una parte relevante de su plantilla, el resultado es un mapa policial fragmentado. Esa fragmentación se traduce en respuestas distintas frente al delito, en criterios dispares para el uso de la fuerza y en mayores riesgos de impunidad o de actuación indebida en los territorios más rezagados.
La persistencia de personal con evaluaciones no vigentes o sin evaluación alguna es especialmente delicada porque deja abierta una zona gris de responsabilidad. No se trata solo de un incumplimiento formal: una corporación con controles incompletos expone a la población a agentes cuyo perfil de riesgo no fue actualizado y a mandos que toman decisiones con información parcial. En un contexto de violencia sostenida, esa debilidad puede elevar el costo operativo de cada despliegue, aumentar el riesgo de infiltración criminal y deteriorar la confianza pública, que ya es un activo escaso en muchas regiones.
El dato sobre Sinaloa, con 13 policías asesinados por homicidio doloso en corporaciones estatales, añade otra capa de lectura. La certificación no protege por sí sola a los agentes ni sustituye estrategias de resguardo, inteligencia y coordinación territorial. Si un estado concentra una proporción tan alta de homicidios de policías, el mensaje para otras entidades es doble: la exposición letal de las fuerzas locales sigue siendo elevada y la profesionalización interna no basta cuando los cuerpos operan en entornos de alta disputa criminal. A mediano plazo, esto puede desincentivar permanencia, aumentar rotación y encarecer el reclutamiento de personal calificado.
También hay señales que obligan a mirar la formación policial con más cautela que optimismo. En 2025 ingresaron 15 mil 181 personas a academias y centros de adiestramiento, pero mil 221 desertaron antes de concluir. Esa fuga no es menor si se considera que el sistema necesita renovar plantillas, cubrir vacantes y elevar estándares al mismo tiempo. Cuando la deserción se combina con homicidios, accidentes y causas naturales entre el personal, el aparato de seguridad termina sometido a una presión doble: formar más y retener mejor. Si no se corrige esa ecuación, la certificación puede avanzar en el papel mientras la operación cotidiana sigue debilitada.
En materia de aseguramientos, el aumento de armas decomisadas y el volumen de narcóticos incautados sugieren una capacidad operativa relevante por parte de la GN y las corporaciones estatales. Esa es la parte más favorable del balance: más decomisos pueden significar mejor inteligencia, mayor presencia territorial y una respuesta más efectiva contra economías ilícitas. Pero el mismo dato abre interrogantes sobre la profundidad real del problema. Si los decomisos crecen de forma acelerada, también puede estar creciendo el flujo criminal, la diversificación de rutas o la capacidad de reposición de los grupos delictivos. Un mayor aseguramiento no equivale automáticamente a una reducción estructural de la violencia.
El presupuesto ofrece otra pista sobre la sostenibilidad de este modelo. La reducción de 21.7% en el gasto de la Guardia Nacional frente al año previo, contrastada con el aumento en corporaciones estatales, plantea dudas sobre la asignación de prioridades. Menos recursos no siempre significan menor efectividad, pero sí pueden limitar mantenimiento, capacitación, movilidad, equipamiento y revisión de controles. En cambio, más presupuesto en estados con baja certificación puede ayudar solo si va acompañado de supervisión técnica y metas verificables; de lo contrario, corre el riesgo de dispersarse en gasto corriente sin traducirse en mejores resultados.
La lectura de fondo es que México está construyendo una arquitectura policial más formalizada, aunque todavía desigual y vulnerable. La profesionalización avanza donde hay centralización, disciplina administrativa y seguimiento; retrocede o se estanca donde pesan la debilidad institucional, la rotación y la exposición directa a la violencia. En los próximos meses, el desafío no será solo elevar porcentajes de certificación, sino impedir que esos números se vuelvan una métrica decorativa. La verdadera prueba estará en si la acreditación se traduce en policías más confiables, más protegidos y más capaces de sostener operaciones en los territorios donde el Estado sigue enfrentando la mayor presión.
