La condonación fiscal a Carlos Slim en el segundo trimestre de 2021 volvió a poner bajo escrutinio una de las promesas más repetidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la supuesta eliminación de los privilegios tributarios para los grandes contribuyentes. Según la nota de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), el SAT perdonó al empresario 68 millones 911 mil pesos, distribuidos entre SOFOM Inbursa y Seguros Inbursa. La cifra no solo es relevante por el monto, sino por lo que revela sobre la distancia entre el discurso presidencial y la práctica administrativa.
El dato adquiere mayor peso porque el propio presidente ha convertido la prohibición de condonar impuestos en una bandera política. En la mañanera del 15 de junio insistió en que la Constitución prohíbe esa práctica y que durante décadas los de “mero arriba” no pagaban o recibían devoluciones. El problema es que, incluso bajo su administración, el beneficio siguió apareciendo para grandes empresas, bancos y actores con capacidad de incidencia. La discusión ya no se limita a si hubo o no excepciones; gira en torno a qué tan consistente ha sido el gobierno al aplicar su relato de austeridad fiscal y combate a los privilegios.
El nombre de Slim concentra la atención porque encarna el punto más sensible de esta controversia: el trato del Estado frente a los conglomerados con mayor músculo financiero. Si una figura de su tamaño recibió una condonación de casi 69 millones de pesos, el mensaje para el resto del mercado es ambivalente. Por un lado, confirma que el sistema sigue teniendo márgenes discrecionales para aliviar obligaciones fiscales; por otro, muestra que el gobierno no ha logrado cerrar por completo la puerta a prácticas que prometió erradicar. En términos reputacionales, eso erosiona el principal activo político de la narrativa anticorrupción: la coherencia.
La lista difundida por ONEA refuerza esa lectura. No se trata de un caso aislado, sino de 862 contribuyentes beneficiados por 293.3 millones de pesos en el trimestre referido. Entre ellos aparecen bancos vinculados a Carlos Hank González, una filial de Marathon Petroleum, empresas industriales, instituciones públicas y figuras con trayectorias políticas visibles. Esa dispersión importa porque sugiere que el problema no es únicamente la relación con una élite empresarial, sino la persistencia de un mecanismo que puede operar sobre sectores distintos, con distintos niveles de visibilidad y capacidad de negociación.
Una primera conclusión es que la condonación no desaparece solo porque el discurso presidencial la condene. Requiere reglas cerradas, trazabilidad pública y una arquitectura administrativa menos expuesta a excepciones opacas. Mientras el SAT conserve márgenes para perdonar montos relevantes, la prohibición seguirá siendo más simbólica que operativa. En países con administraciones tributarias robustas, la discusión no se agota en el “sí” o “no” a la condonación, sino en qué supuestos extraordinarios puede existir y cómo se audita. México todavía parece debatirse en una zona intermedia donde el principio está prohibido, pero la práctica encuentra resquicios.
La segunda lectura es sectorial. Para la banca, la manufactura, la energía y los grupos con filiales financieras, la señal es delicada: las reglas fiscales pueden seguir siendo negociables en ciertos casos, pero la exposición pública también crece. Eso crea un incentivo doble. Las empresas querrán reducir litigios y costos de cumplimiento, pero también buscarán blindarse reputacionalmente frente a un entorno donde cualquier beneficio fiscal puede convertirse en evidencia de trato preferencial. El efecto no es menor: cuando la legitimidad de la autoridad tributaria se debilita, aumenta el costo de cumplimiento voluntario para el universo completo de contribuyentes.
La tercera implicación toca a la política económica. Un gobierno que promete recaudar mejor necesita credibilidad para exigir más de los contribuyentes medianos y pequeños. Si la opinión pública percibe que los grandes actores siguen obteniendo alivios, la capacidad recaudatoria se deteriora por la vía de la desconfianza. No es solo un problema moral; es un problema de eficiencia fiscal. En la práctica, cada condonación sin justificación transparente puede convertirse en un argumento adicional para la evasión, el litigio o la resistencia social a nuevos cobros.
Del lado oficial, la defensa probable es que no toda condonación equivale a privilegio indebido. Podría tratarse de ajustes técnicos, resoluciones administrativas o mecanismos previstos por la ley para corregir créditos fiscales improcedentes. Esa objeción merece tomarse en serio porque no toda reducción de carga tributaria es corrupta por definición. Pero justamente por eso el estándar debe ser más alto: la autoridad tendría que explicar caso por caso el fundamento legal, el motivo del ajuste y el beneficio económico real. Sin esa precisión, el argumento legal queda opacado por la sospecha política.
También hay una disputa de fondo sobre el uso del dato. Organizaciones como ONEA cumplen una función de vigilancia indispensable, pero su lectura adquiere mayor fuerza si se compara con series históricas, criterios de clasificación y evolución de los criterios del SAT. Saber cuántas condonaciones hubo antes, durante y después de la reforma fiscal permitiría distinguir entre un cambio estructural y una continuidad maquillada. Sin ese contexto, el debate público corre el riesgo de moverse entre el escándalo puntual y la absolución automática, sin pasar por el terreno más útil: la evaluación institucional.
La tendencia hacia adelante dependerá de si el gobierno decide transparentar o administrar políticamente este tema. Si mantiene la opacidad, cada nueva filtración reabrirá la misma contradicción y ampliará el costo de credibilidad. Si, en cambio, publica criterios, montos, razones y beneficiarios con suficiente detalle, podría convertir una acusación recurrente en un debate verificable. El problema es que una apertura así también revelaría la magnitud real de los alivios fiscales y obligaría a justificar por qué algunos contribuyentes, precisamente los más poderosos, continúan recibiendo tratamientos excepcionales.
El riesgo principal no está solo en la cifra de 68.9 millones para Slim ni en los 293.3 millones del trimestre. Está en la normalización de una contradicción que mina la autoridad del Estado. Un gobierno que construyó su legitimidad sobre la idea de terminar con los privilegios no puede permitirse una brecha persistente entre relato y ejecución. Cuando esa brecha se vuelve visible, deja de ser un error administrativo y se transforma en una falla política de mayor alcance.
